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El Consejo de Gobierno aprueba la eliminación de tasas y el aplazamiento de los impuestos regionales para afrontar la crisis sanitaria

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Hacienda, un decreto ley de Medidas Urgentes en Materia Tributaria en el que se recogen las decisiones adoptadas con carácter extraordinario para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria del coronavirus. El objetivo de estas medidas, que se refieren tanto a la gestión de impuestos propios como cedidos y tasas o a actuaciones de fomento de la simplificación administrativa, es apoyar a empresas y ciudadanos en un momento de extraordinaria gravedad.

En lo que se refiere a tributos cedidos, el decreto establece un aplazamiento de 3 meses en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos

jurídicos documentados en todos aquellos supuestos en los que el fin del periodo voluntario de pago esté comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de mayo. Además, se aplaza hasta el 20 de junio el pago fraccionado de los impuestos del juego.

En el caso de los impuestos propios, se amplía también hasta el día 20 de junio el plazo para la presentación e ingreso de los impuestos medioambientales correspondientes a los 20 primeros días naturales del mes de abril. Entre estos tributos figuran el impuesto sobre almacenamiento o depósito de residuos, el impuesto sobre vertidos al mar o el impuesto sobre emisiones de gases a la atmósfera.

El Decreto establece de igual modo la exención de todas las tasas administrativas devengadas en los 3 meses siguientes a la declaración del estado de alarma. Solo esta exención de tasas supondrá un ahorro de cerca de 4 millones de euros para los ciudadanos de la Región.

Además, y para evitar la actuación presencial en los edificios de la Administración, el texto establece la obligación de relacionarse por medios electrónicos a todos aquellos agentes que tengan la consideración de colaboradores sociales, como notarios, asesores o gestores administrativos, así como a los operadores en materia de juego.

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