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Una vez asumido por todos que lo de la remunicipalización de servicios básicos, presente en el programa electoral con que el Partido Socialista se presentó a las elecciones, no era más que eso, una promesa preelectoral, nos toca ahora discutir, analizar y evaluar las políticas de contratación municipal implementadas durante su gobierno.

Pues bien, analicemos el que es el más importante contrato, por cuantía (más de 8 millones de €) y por lo esencial del servicio de los que se van a firmar en esta legislatura.

Esta licitación se ha ofertado un par de días antes de que entrara en vigor la nueva ley de Contratos del Sector Público (9 de marzo 2018), sí, por dos días el contrato que regulará tan esencial servicio estará regido por una ley que ha sido derogada a nivel nacional, una ley que ha sido sustituida por otra, en uno de los procesos de tramitación de leyes más democrático y participado de toda la democracia. Sirva como ejemplo, que de las más de mil enmiendas presentadas por diversos grupos políticos y colectivos, casi novecientas fueron introducidas en el texto definitivo.

Una ley que parte sobre el principio de dar más transparencia a la contratación pública, dificultando, que no imposibilitando, los amaños, los sobrecostes injustificados, la opacidad, etc., y que tiene como pilares fundamentales, la mejora de las condiciones sociales, laborales y medioambientales en cuestiones contractuales.

Sirva este escrito para poner de relieve algunos de los aspectos de esta nueva ley que no serán tenidos en cuenta en la licitación ofertada por nuestro ayuntamiento, y que por lo tanto son condicionantes a los que renunciamos, de entrada, todos los alhameños y alhameñas:

Uno.-    Al no aplicar la nueva normativa el Ayuntamiento elude tener que justificar obligatoriamente por qué no remunicipaliza este servicio. “Artículo 30, apartado 3.: La prestación de servicios se realizará normalmente por la propia Administración por sus propios medios. No obstante, cuando carezca de medios suficientes, previa la debida justificación en el expediente, se podrá contratar de conformidad con lo establecido en el Capítulo V”.

Dos.- En el artículo 99 de la nueva Ley se indica: “Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente”. El contrato de RSU no se ha dividido en lotes, sino todo lo contrario, al salir como única licitación la gestión de residuos con la limpieza viaria. Como ya ocurrió hace unos meses con la licitación del servicio de mantenimiento de zonas verdes, en este caso, no solo no se trocearon lotes, sino que, al contrario, donde había tres contratos, se fusionaron en uno. Este aspecto viene a dificultar la competencia a las PYMES, empresas locales o comarcales que ven como con estos mecanismos de contratación, se deja el campo expedito a esas pocas megaempresas de servicios que todos conocemos.

Tres.- La nueva ley establece como máximo que un 25% de los puntos de valoración de las ofertas se pueda adjudicar basándose en juicios de valor o valoración subjetiva. Sin embargo nos encontramos con un pliego que eleva este porcentaje hasta el 45%, en detrimento de los criterios de evaluación automática u objetivos. También se establece que, ante la dificultad de valorar dichos aspectos subjetivos, habrá de crearse un comité de expertos evaluadores, reduciéndose el poder de decisión, en la mesa de contratación, de los representantes políticos.

Cuatro.- En cuanto a los derechos laborales de los trabajadores de la empresa contratista, la nueva ley blinda ciertos aspectos y da a la administración más poderes de fiscalización y herramientas de corrección en caso de conflicto laboral. Un ejemplo de ello es, el poder que la administración se arroga para, en caso de impagos a los trabajadores, poder penalizar en los pagos a la empresa, e incluso resolver el contrato por incumplimiento del Convenio Colectivo.

Cinco.- Otro importante aspecto desarrollado en la nueva ley es el de Igualdad de Género. Se obliga a las empresas que quieran contratar con la administración a implementar planes de igualdad, el fomento de la contratación femenina podrá valorarse como criterio de adjudicación. Se podrá consultar a organizaciones que trabajan por la igualdad de género para evaluar las ofertas.

Conclusión.- El gobierno municipal y, por ende, la ciudadanía pierden la oportunidad de actualizar los mecanismos de contratación pública municipal; se dejan de implementar mecanismos de control de la transparencia y la eficiencia, no se asumen las nuevas herramientas de inspección sobre condiciones laborales de los trabajadores, o sobre fomento de la contratación femenina o de colectivos con difícil empleabilidad.

Mucho por mejorar en dichos y en hechos. La nueva corporación, salida de las urnas el próximo 2019,  deberá apostar por unos servicios públicos transparentes, eficientes y respetuosos social y medioambientalmente.

Marzo 2018 Javier Sánchez Única.

Podemos Alhama de Murcia.

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